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El triunfo de los criterios ASG: ambientales, sociales y de gobierno corporativo

Se veía venir a pesar de la resistencia de décadas y aunque quede algún negacionista. Al fin el consenso es amplio porque han saltado las alarmas. Ya se puede decir: la actividad económica debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Las finanzas sostenibles van de asegurar eso, el bienestar colectivo de ahora y el respeto al futuro. Afortunadamente son muchos los organismos internacionales que adoptan las siglas ASG y se suman a un sueño que viene de lejos. Desde la ONU a la Comisión Europea reavivan el informe del Club de Roma de 1972, las reivindicaciones universitarias de esa década, el acuerdo de Kioto de 1997 o los Principios de Ecuador de 2003. 

Fue en 2015 cuando se produjeron dos hitos clave: la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París para poner coto al aumento de la temperatura mundial. Llegan tarde, pero a tiempo.

Como siempre, la realidad es tozuda y entra por la ventana cuando le cierran la puerta. El triunfo ASG ha sido posible porque muchas voces lo venían reclamando y porque se evidencia el deterioro medioambiental y las desigualdades. También, porque se atisban grandes oportunidades de negocio para ejecutar y financiar los grandes planes.

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El riesgo climático y la desigualdad son riesgos financieros

De nuevo la realidad y la ciencia se imponen. El riesgo sistémico avisa y exige afrontar con transparencia los peligros que esconden las siglas ASG y sus efectos. Para paliarlos se ha acordado actuar en una triple dimensión: la medioambiental, la social y la de gobernanza.   

El Global Risks Report del Foro Económico Mundial viene avisando desde 2006 que la actividad empresarial está muy amenazada por las fracturas sociales. También avisó del riesgo de una pandemia y predijo su efecto devastador sobre las cadenas de suministro, la industria, el comercio y el turismo. Su informe de 2021 advierte de la creciente fragmentación social derivada de los riesgos para la salud, el aumento del desempleo, la ampliación de la brecha digital y la frustración de los jóvenes. Esta fragmentación puede tener graves consecuencias en una era de riesgos económicos, ambientales, geopolíticos y tecnológicos que se agravan al converger.   

El papel de la empresa privada en evitar la tragedia en el horizonte

También la iniciativa privada se sube al carro ASG. No solo por ser consciente del peligro en ciernes, sino también porque anticipa la creciente normativa y regulación que vendrá de lo público. Además, por las oportunidades que brinda el movimiento ASG. Se estima multibillonaria la Inversión Socialmente Responsable (ISR) necesaria para recomponer un mundo muy degradado climática y socialmente. 

Esta ISR prima los criterios ASG en la evaluación y selección de los proyectos y desarrolla la taxonomía de las actividades consideradas como verdes. Algunos sectores concentran estas inversiones como la sanidad, las energías renovables, las infraestructuras, la transformación digital y la agricultura. Por ello, las finanzas sostenibles irrumpen en las agendas estratégicas de las empresas. Pasan a prioritarias las inversiones verdes, las que han de mitigar el cambio climático, promover el uso eficaz del agua y de los recursos marinos, contribuir a la economía circular y prevenir la polución. 

De la banca ética de los años 60 a la banca responsable

Esas ingentes inversiones no pueden financiarse solo con fondos públicos. Se estima que cumplir las 169 metas de los 17 ODS exigirá una financiación anual equivalente al 3% del PIB mundial. Como el coste de no actuar se estima aún mayor, es preciso la contribución de las entidades financieras como asesoras, inversoras y financiadoras para cambiar el tejido productivo con criterios ASG. 

Nacen nuevas oportunidades y nuevos productos que encuentran acomodo en la médula de las estrategias de esas entidades. Los bonos se colorean de verde, para mejorar el medio ambiente, o de azul para sanear la vida oceánica. Surgen otros sociales, destinados a la enseñanza, la sanidad, la vivienda o a mitigar la pobreza. También los hay de género para fomentar la equidad y el empoderamiento de la mujer y de transición, para las empresas marrones que desean transformarse en sostenibles. No extraña que la emisión de deuda sostenible haya crecido exponencialmente durante la última década.

En 1999 nació el índice Dow Jones de Sostenibilidad para medir la de las empresas. Entre las 307 más aventajadas del mundo la edición de 2020 de este índice incluye 16 españolas. El 25% son bancos y todas del Ibex-35. Los estudios prueban que las más sostenibles son menos volátiles porque gestionan mejor sus riesgos al ser más conscientes de ellos y estar más preparadas para enfrentar sus efectos. Además, suelen ser más rentables como lo atestigua que el rendimiento del índice MSCI ISR supere al de referencia. 

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Una nueva gobernanza y la urgencia de una nueva agenda

Tras muchos años de proclamar que las decisiones se han de tomar solo con el criterio de crear valor para el accionista ahora surge el capitalismo de los partícipes. Dice que lo importante es crear riqueza y distribuirla equitativamente para no dejar a nadie atrás. No se trata solo de buscar el bienestar de los accionistas, sino el de todos los grupos de interés de la empresa sin que ésta pierda competitividad. 

Temas clave del buen gobierno son el comportamiento del equipo directivo, el activismo de los accionistas, la separación de poderes, las relaciones con los empleados y la retribución de los directivos, quienes deben dar ejemplo para ser creíbles. Los Códigos de Buen Gobierno, de ya larga tradición, y la autorregulación no parecen instrumentos suficientes para solventarlos adecuadamente. Al menos, no lo han sido hasta ahora.

También se precisan nuevas métricas para definir objetivos y controlar el avance de los criterios ASG. Las empresas de interés público o las que superen un determinado tamaño deben preparar un estado de información no financiera que contenga información relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno (Ley 11/2018).

Corresponde a los órganos rectores de las empresas integrar los criterios ASG en su agenda estratégica y en su mapa de riesgos. En palabras del Código de Buen Gobierno de la CNMV: La sociedad promoverá una política adecuada de sostenibilidad en materias medioambientales y sociales, como facultad indelegable del consejo de administración, ofreciendo de forma transparente información suficiente sobre su desarrollo, aplicación y resultados.

Esto no va de construir castillos en el aire

Antes de eclosionar el Covid-19, la reunión anual del Foro Económico Mundial reconoció que el progreso en muchas áreas ASG está siendo muy lento. Muchas adhesiones, planes y agendas para fomentar la sostenibilidad, pero parece que pocas nueces de momento. Las trabas burocráticas, el riesgo, la volatilidad de los tipos de cambio y la gran dimensión de los proyectos disuaden a veces al posible promotor. Hay que superar, se dice, las inercias creadas durante años por una economía de mercado desenfocada. 

El origen de los problemas se asocia con la desigualdad fomentada por la globalización, la falta de regulación y las deficiencias del capitalismo de los últimos años. En la última reunión de Davos el fundador de este Foro afirmaba que esta forma de capitalismo ya no es sostenible.   

De aquí surge la propuesta de crecimiento económico inclusivo, el que progresa sin dejar nadie atrás y dando igualdad de oportunidades. Otro viejo sueño solidario que se junta con la buena noticia de que America is back. 

No se trata (solo) de emitir informes de sostenibilidad con centenares de páginas ni de nombrar una comisión o un responsable. El objetivo es promover la inversión pública y privada en actividades y proyectos más neutrales para el clima. También, lo es ir a una economía más justa, saludable y eficiente en el uso de los recursos. Pero todavía hay recelos ante tan bellas palabras. ¿Va en serio? A veces quien más promete menos cumple.

No se oye hablar de erradicar los paraísos fiscales, se rechaza la armonización fiscal incluso dentro de un mismo país, se anuncian despidos a millares a la vez que se incrementan los salarios directivos, las salidas de las crisis aumentan la brecha social o se imputa por presuntos delitos de gobernanza a dirigentes empresariales supuestos paladines del movimiento ASG. Tampoco encajan con estos criterios las enormes retribuciones que se asignan algunos directivos, que alcanzan los 30.000 euros al día incluidos los festivos. Menos, en tiempos de pandemia y de carencias.

No será una moda pasajera porque estamos en el buen camino

La demanda social exige una intervención rápida de las entidades públicas internacionales. Ya el Parlamento del Reino Unido declaró la emergencia climática en 2019. El rinoceronte gris del cambio climático y la desigualdad social sigue su amenazante carrera. A diferencia del cisne negro, se le ve acercar desde hace mucho, dispuesto a aplastar a todos, no solo a quienes lo ignoran. Por eso y por su envergadura se precisa, como con el Covid-19, la acción cooperativa mundial para frenarlo y evitar que se materialice la tragedia que se vislumbra en el horizonte.

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Autor: Juan Pérez-Carballo
Director del Máster en Dirección financiera de Next IBS
Acreditado por la CNMV de España – Invertimos en calidad